miércoles, 23 de septiembre de 2009

La instancia dependiente de la PGR asegura que los responsables son 34 agentes mexiquenses

Fiscalía especial exonera a policías federales de violaciones sexuales a mujeres de Atenco

Las víctimas protestan por la determinación y advierten que seguirá la lucha en busca de justicia

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Habitantes de Atenco denunciaron que en mayo de 2006 las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno participaron en violaciones a los derechos humanos de la poblaciónFoto Alfredo Domínguez
Mariana Norandi

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) exoneró a la Policía Federal de su participación en el delito de violencia sexual contra mujeres de San Salvador Atenco, por lo cual transfirió el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por no considerarlo de su competencia.

Según informó el Centro de Derecho Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representante legal de las mujeres demandantes, la fiscalía estimó que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres fueron cometidas únicamente por cuerpos policiales mexiquenses, y mencionó el nombre de 34 elementos de las fuerzas de seguridad estatal como responsables.

En conferencia de prensa, Luis Arriaga Valenzuela, director de esta organización civil, señaló que en días pasados abogados del Centro Prodh fueron notificados de esta decisión que el 13 de julio del año en curso había tomado la titular de la fiscalía, María Guadalupe Morfín Otero, tras revisar, analizar y estudiar las investigaciones de las 11 mujeres demandantes y detenidas en San Salvador Atenco durante los sucesos ocurridos los días 2 y 3 de mayo de 2006.

Según explicó Arriaga Valenzuela, la fiscalía reconoció que el hecho delictivo perpetrado en perjuicio de las denunciantes durante la detención consistió en la imposición de dolor, daño sicológico y físico al violentarlas sexualmente.

Sin embargo, consideró que las violaciones a los derechos humanos fueron cometidas por cuerpos estatales, por lo que en los informes o constancias que obran en actuaciones no se evidencia la participación de servidores públicos federales. Por tanto, este organismo, dependiente de la Procuraduría General de la República, afirmó que no hay evidencias para presumir su participación en los actos de tortura que sufrieron las víctimas y que son los hechos que esta fiscalía investigó.

En la conferencia también estuvieron presentes la abogada de Centro Prodh, Jaqueline Sáenz, y tres de las demandantes, Edith Rosales Gutiérrez, Italia Méndez y Claudia Hernández Martínez.

Edith Rosales aseguró que las mujeres agredidas ya no confían en la justicia mexicana, por lo que esperan que la solicitud interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril del pasado año sea aceptada por este organismo internacional.

Asimimo rechazó la determinación de la fiscalía, y aseguró que entre sus agresores había policías federales, como consta en sus declaraciones, a quienes recuerda por sus uniformes color azul grisáceo.

Indicó que la fiscal le echa la bolita al gobierno estatal porque tiene aspiraciones de ocupar la titularidad de la Comsión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, advirtió, al igual que sus compañeras, continuará luchando para que se haga justicia.

Aunque no confiamos totalmente en la justicia, no nos vamos a quedar calladas ya que nuestra obligación es seguir la lucha. Porque atrás de nosotras hubo muchos casos, y de no hacerse justicia, delante habrá muchos más.

Ley para proteger a mujeres, letra muerta en Veracruz
Jesús Lastra Ríos, corresponsal

Coatzacoalcos, Ver., 22 de septiembre. El foro regional sobre la reglamentación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Veracruz, celebrado este martes, se convirtió en una exposición de quejas sobre discriminación y violencia de género, marginación, explotación sexual y laboral y feminicidios.

Decenas de participantes se reunieron en la sala de cabildo de Coatzacoalcos, convocadas por el Instituto Municipal de la Mujer. Señalaron que, a un año y siete meses de que se oficializó la citada ley en la entidad, fiscales y agentes del Ministerio Público desconocen su contenido y alcance, lo que ha dado origen a componendas, ilicitos y actos de corrupción. en perjuicio de las veracruzanas.

La investigadora Irma Aguirre Pérez, de la asociación civil Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, y Margarita Herrera Mata, indígena de la Sierra de los Volcanes, coincidieron en que en Veracruz el trato a la mujer es desigual y excluyente.

Señalarpn que por más que haya una ley que garantiza los derechos de la mujer, el estado padece un régimen de machos y para machos que limita e ignora los derechos de un segmento muy importante de la sociedad que demanda trato igualitario en todos los ámbitos. De igual manera, exigieron pasar de la palabra a la aplicación de la ley, vigente desde el 28 de febrero del año pasado.

Indígenas de la sierra de Soteapan se unieron al rosario de quejas. Aseguraron que debido a los patrones culturales vigentes en zonas étnicas del sur de Veracruz, las mujeres son discriminadas aun en sus familias.

Las indígenas serranas se quejaron de violencia física, ecónomica, sexual y patrimonial. Explicaron que en su terruño no pueden heredar bienes y menos decidir sobre las cuestiones de trascendencia social y política de sus comunidades.

Las foristas, provenientes de distintos puntos de Veracruz, reclamaron respeto a los derechos humanos de las mujeres e igualdad, y acordaron que el resolutivo final de la reunión se hará llegar al Congreso de Veracruz, así como al gobernador Fidel Herrera Beltrán.



Migrantes mexicanos, ahora blanco de secuestradores
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Migrantes se esconden de un vehículo de la Patrulla Fronteriza, mientras esperan una oportunidad para cruzar hacia Estados Unidos, en una imagen captada el pasado 19 de septiembre en Tijuana, Baja California. Debido a la violencia de organizaciones criminales en territorio mexicano se ha incrementado el secuestro y extorsión contra indocumentados, quienes son forzados a traficar drogas hacia EU.

DENUNCIAN ARRIBO DE CARGAMENTO DE ARMAS Y CARTUCHOS PARA GRUPO PARAMILITAR QUE OPERA EN LA REGIÓN DE LA MIXTECA

Por Ricardo García J. & Roger Valle.

Santo Domingo Ixcatlán, Oax.- Entrevista con este medio, Bernardino Robles, comunero de la población de Santo Domingo Ixcatlán, comento que: “en las últimas semanas ha aumentado la tensión que viven las más de 100 familias y comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, los cuales cuentan con recomendaciones de las Medidas Cautelares emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que la semana pasada el grupo paramilitar encabezado por Freddy Eucario Morales Arias, recibió un fuerte cargamento de armas y cartuchos para acribillarnos.” así lo dio a conocer el entrevistado.

Según información proporcionada por el comunero, el mismo grupo de Morales Arias dio a conocer a la población de Ixcatlán que la semana pasada recibieron un fuerte cargamento de armas y cartuchos que tienen como finalidad ser utilizados para acribillar a todas las personas que se opusieron al nombramiento de Freddy Eucario Morales Arias como presidente de Bienes Comunales.

Bernardino Robles explico que ante esta nueva amenaza, los comuneros Ixcatlán que cuentan con las medidas cautelares sienten temor de ser agredidos, ya que por las noches se escuchan disparos de armas de fuego cerca de las casas y además se escucha el ruido de grupos de personas que cruzan cerca de los domicilios, viéndoseles fuertemente armados vestidos con ropa de tipo militar.

El poblador de Ixcatlán comento que “la situación en Santo Domingo es de aparente calma, pero la realidad es otra, ya que el grupo paramilitar continua hostigando y amenazando a los comuneros y habitantes del lugar y hasta la fecha el gobierno del estado se ha negado a reconocer y detener al grupo fuertemente armado que opera en esta región”, señaló.

Bernardino Robles explicó que hacen esta denuncia publica para que el gobierno federal intervenga, ya que el gobierno del estado se ha negado a buscar una solución al conflicto que se vive desde hace ya varios años, por lo que se le responsabiliza al gobierno del Estado de Oaxaca, de que en caso de darse otra atentado como el del pasado de 30 de abril del 2008, donde el grupo paramilitar asesino a varias personas, el único responsable será el gobierno de Oaxaca y el grupo paramilitar.

Concluyó señalando que continúan con las audiencias ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en la ciudad de Huajuapan de León, esperando conocer el próximo veredicto ante la impugnación de la asamblea pasada donde algunos comuneros y no comuneros decidieron nombrar a Freddy Eucario Morales como presidente de bienes Comunales.

http://www.realidad esapim.com/ GRUPO%20PARAMILI TAR%20QUE% 20OPERA%20EN% 20LA%20MIXTECA. html

http://www.realidad esapim.com

Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca A. C. (APIM)


Alerta CCIODH sobre la “muy grave” situación que prevalece en Chiapas

Subraya las reiteradas agresiones con armas de fuego cometidas por paramilitares

Autoridades y medios de comunicación locales realizan campaña contra activistas, sostiene

Indígenas tzotziles rezan afuera de la iglesia de San Juan, en la cabecera de San Juan Chamula, población que no está exenta de la violencia que padece Chiapas. Foto Víctor Camacho

Hermann Bellinghausen

Enviado, La Jornada

021n1pol-1San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de septiembre. Ante el incremento de acciones violentas y armadas de organizaciones denunciadas reiteradamante como paramilitares, al tiempo que autoridades y medios de comunicación locales “emprenden una campaña contra los defensores de los derechos humanos”, la situación en la entidad “se puede calificar de muy grave”, sostuvo hoy la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

El organismo, que desde 1998 ha hecho recorridos de observación en el estado, señala la proliferación de denuncias en diferentes zonas, y la constatación de “un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores”.

A su vez, la otra magisterial, formada por docentes adheridos a la otra campaña del EZLN, señaló “la absoluta impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, al amparo de quienes pregonan el estado de derecho”, y denunció que, “como estrategia de guerra contrainsurgente, los gobiernos federal y estatal han creado y protegido la actuación estos grupos con la finalidad de contener a los que, con su vida, defienden el derecho a la autonomía y la libre determinación sobre la tierra y el territorio”.

La creciente alarma nacional e internacional por los hechos de violencia contra comunidades en resistencia y defensores de derechos humanos subió de tono después del pasado 18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fue atacado en Jotolá (Chilón) por un grupo de personas armadas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

La otra magisterial enumera como escenarios recientes de la estrategia de impunidad a Tila, Sabanilla y Acteal, así como las agresiones en Cruztón, San Sebastián Bachajón, Mitzitón, Jotolá y Casa Blanca, “sólo algunos ejemplos de la actuación de grupos contrainsurgentes”.

Para la otra magisterial en Chiapas, “la persecución y el hostigamiento contra comunidades campesinas en resistencia a los voraces proyectos neoliberales se ha recrudecido”.

La impunidad, sostiene desde Barcelona la CCIODH, “provoca que aumenten sus actividades sin que haya ninguna respuesta de las autoridades”. Aunque las denuncias identifican claramente a “las personas, autoridades civiles y policiales que intervienen o están presentes durante las agresiones”, no se abren investigaciones ni se señalan responsabilidades. Las diferentes denuncias, considera la CCIODH, “señalan la connivencia de las autoridades, especialmente del gobierno de Chiapas, alentando la actividad paramilitar”, con el objetivo de neutralizar las demandas de las comunidades “contra los proyectos de infraestructura planeados y desarrollados contra su voluntad, y sin que respete su derecho a ser consultados en todo lo que afecte a su territorio”.

Los intentos de las autoridades “y de algunos medios” por presentar los hechos como una confrontación entre indígenas por motivos religiosos o de posesión de la tierra, esconden “los motivos auténticos del conflicto” que implican “resolver las causas y atender las demandas de autonomía de las comunidades indígenas”. La agresión del día 18 en Jotolá “es la consecuencia de estas políticas”.

La sentencia de la SCJN sobre el caso Acteal, con la liberación de 20 de los condenados como autores materiales de la masacre en 1997, “añade otro motivo de preocupación y alerta a esta frágil situación, en un contexto de guerra de baja intensidad”.

http://www.jornada.unam.mx/2009/09/22/index.php?section=politica&article=021n1pol


La comunidad internacional demanda que se respete la vida del presidente constitucional

Condena la OEA los hechos violentos en Honduras contra seguidores de Manuel Zelaya

Rechaza México la brutalidad policial en Tegucigalpa; Estados Unidos exige calma y respeto

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Zelayistas atacados con bombas de gas lacrimógeno buscan refugio en el techo de la embajada de BrasilFoto Reuters
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Horas después hacen fila para intentar salir de la legaciónFoto Ap
Afp, Dpa, Reuters y Pl

Tegucigalpa, 22 de septiembre. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este martes los hechos violentos cuando efectivos policiales y militares hondureños dispersaron a cientos de personas congregadas en las cercanías de la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se encuentra el presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, condena a la que se sumaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW).

El portavoz del Departamento de Estado estadunidense, Ian Kelly, no sólo pidió al gobierno hondureño de facto calma y respeto a la sede diplomática brasileña, sino que anunció que su personal en la legación de Estados Unidos trató de ayudar a la embajada de Brasil, cuando el régimen golpista le cortó por unas horas el suministro eléctrico, de agua y el servicio telefónico.

El Departamento de Estado resaltó que la Convención de Viena garantiza el respeto y la protección a la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y, por otra parte, llamó a todas las partes a mantener la calma y evitar cualquier acción que conduzca a la violencia en Honduras.

El presidente en turno del Consejo Permanente de la OEA, el embajador chileno Pedro Oyarce, demandó el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños, plenas garantías a la seguridad del mandatario y de la representación diplomática de Brasil en Honduras.

Manifestó su confianza en que el secretario general del organismo hemisférico, José Miguel Insulza, pueda contribuir a facilitar este proceso, con pleno respaldo de la comunidad interamericana.

Insulza, quien tenía previsto viajar hoy a Tegucigalpa, tuvo que retrasar sus planes debido al cierre de los aeropuertos decretado por el gobierno de facto tras la sorpresiva llegada de Zelaya.

Según Insulza, la propuesta de negociación es la del acuerdo de San José, diseñado por el presidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, y la OEA.

Deploró que la embajada brasileña donde se encuentra Zelaya en Tegucigalpa en calidad de huésped, haya estado más de dos horas con todos los servicios cortados –electricidad. teléfono y agua–, pero me acaban de informar que ya se han restablecidos. Insulza pidió además que no continúe el toque de queda.

Cuanto más pasa el tiempo, comentó, es cada vez más grave. En este momento en Nueva York están todos los países del mundo representados y hay uno que no es reconocido, lo cual es triste.

En declaraciones a periodistas en Nueva York, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo que su gobierno hace lo que cualquier país democrático haría al recibir a Zelaya.

Brasil está garantizando que él (Zelaya) permanezca allí, lo cual es un derecho internacional y no esperamos que los líderes golpistas toquen la embajada brasileña. Los esperamos para negociar, dijo Lula, quien está en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

En tanto, México condenó hoy en Ginebra las violaciones a los derechos humanos, durante la XII sesión del Consejo de Derechos Humanos, además de que repudió la represión que ha generado el golpe de Estado.

Por su parte, el gobierno chileno exigió garantías que aseguren la vida y la integridad física de Zelaya, a la vez que hizo un llamado a los actores involucrados a mantener la calma a fin de evitar una escalada de violencia en el país.

Por su parte, el gobernante de Bolivia, Evo Morales, pidió la renuncia de Roberto Micheletti como presidente de facto. Los golpistas mellan la dignidad de muchas fuerzas armadas de Latinoamérica y el mundo (...) por eso ojalá el señor Micheletti pueda renunciar lo antes posible.

El mandatario exhortó a los militares hondureños a declararse en rebelión contra el gobierno de facto y aseguró que tiene información que certifica que las fuerzas armadas de Honduras están sometidas a las órdenes del Comando Sur de Estados Unidos.

Mientras, Ecuador exigió a los golpistas que respeten la vida del mandatario constitucional, de su equipo de trabajo y de la población hondureña, y afirmó en un comunicado que apoya la decisión que adopte o haya adoptado el presidente legítimo sobre los medios que deban seguirse para su reinstalación en el poder.

La CIDH condenó enérgicamente el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de facto en Honduras contra las manifestaciones en favor de Zelaya, mientras que HRW alertó de un deterioro drástico de los derechos humanos en el país.

La comisión denunció la utilización de bombas lacrimógenas y balas de goma, así como la detención de cientos de personas por parte de las fuerzas policiales y militares, y el aislamiento de la legación diplomática brasileña.

En agosto pasado, la CIDH denunció violentas represiones de manifestaciones en favor de Zelaya, así como de muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias a raíz del golpe de Estado.

HRW afirmó haber recibido denuncias creíbles de que la policía cometió abusos de fuerza contra simpatizantes de Zelaya que se concentraron fuera de la embajada de Brasil, y que recurrió a bastones, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los miles de seguidores del mandatario.

Ante las denuncias que hemos recibido y el deficiente desempeño de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado, creemos que las condiciones podrían deteriorarse drásticamente durante los próximos días, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

De su lado, la Unión Europea abogó por una salida negociada a la crisis hondureña.


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